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República, quienes, mediante el diseño de la política pública y la expedición, modificación
o actualización de Leyes y Decretos, buscan garantizar la prestación de un servicio de
energía confiable, equitativo y accesible para toda la población, en cumplimiento de los
principios establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994.
Contexto y desafíos del sector
El sector eléctrico colombiano registró avances regulatorios significativos en materia de
comercialización, distribución, transición energética e implementación de nuevas figuras
orientadas a fortalecer la confiabilidad y la participación de los usuarios en el sector
eléctrico. A continuación, presentamos el resumen de los principales desarrollos
regulatorios que marcaron el año:
1. Actualización de la metodología de remuneración de la actividad de
comercialización (Proyecto de Resolución CREG 701 038 de 2024):
La CREG mantuvo activo el proceso de revisión y actualización de la metodología de
remuneración de la actividad de comercialización, inicialmente planteado en el Proyecto
de Resolución CREG 701 038 de 2024. Aunque incluso en la Agenda Regulatoria
indicativa actualizada a mitad de año preveía la publicación de la resolución definitiva
hacia finales del tercer trimestre de 2025, diversos factores tanto regulatorios como
procedimentales y de participación sectorial pudieron llevar a que la CREG finalmente no
expidiera la metodología durante el año. Lo anterior se explica, en parte, porque, tal
como se evidencia en el proyecto de resolución en comentarios, la propuesta presenta
aspectos y debilidades sustanciales que requieren ser subsanados antes de su adopción
definitiva.
Entre estos factores se destacan, en primer lugar, los distintos pronunciamientos de
empresas comercializadoras, gremios del sector y el Comité Asesor de Comercialización
(CAC). Las empresas manifestaron preocupaciones técnicas frente al modelo de frontera
estocástica, la representatividad del costo base, el reconocimiento de cuentas esenciales
y la potencial insuficiencia financiera del esquema propuesto. Estas advertencias fueron
reiteradas en documentos oficiales y comunicaciones institucionales, donde se advertía
que la propuesta podía generar distorsiones competitivas al no reflejar adecuadamente
los costos reales de la actividad.
En segundo lugar, el proceso se vio afectado por distintas solicitudes de recusación
dirigidas a comisionados expertos, las cuales debían resolverse antes de continuar con
la actuación regulatoria. Esto generó periodos de suspensión y ralentización, afectando
el cronograma inicialmente previsto por la Comisión.
Un elemento determinante en el desarrollo del año fue la intervención de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que emitió su concepto de abogacía de
la competencia respecto al Proyecto CREG 701 038 de 2024. En este concepto, la SIC
ratificó varias de las preocupaciones planteadas previamente por distintos actores del
sector como Energía de Pereira a la que citó, señalando que la metodología propuesta
podía:

