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República, quienes, mediante el diseño de la política pública y la expedición, modificación
                  o actualización de Leyes y Decretos, buscan garantizar la prestación de un servicio de
                  energía confiable, equitativo y accesible para toda la población, en cumplimiento de los
                  principios establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994.

                  Contexto y desafíos del sector

                  El sector eléctrico colombiano registró avances regulatorios significativos en materia de
                  comercialización, distribución, transición energética e implementación de nuevas figuras
                  orientadas  a  fortalecer  la  confiabilidad  y  la  participación  de  los usuarios en  el  sector
                  eléctrico.  A  continuación,  presentamos  el  resumen  de  los  principales  desarrollos
                  regulatorios que marcaron el año:

                      1.  Actualización  de  la  metodología  de  remuneración  de  la  actividad  de
                         comercialización (Proyecto de Resolución CREG 701 038 de 2024):

                  La CREG mantuvo activo el proceso de  revisión y actualización de la metodología de
                  remuneración de la actividad de comercialización, inicialmente planteado en el Proyecto
                  de  Resolución  CREG  701  038  de  2024.  Aunque  incluso  en  la  Agenda  Regulatoria
                  indicativa actualizada a mitad de año preveía la publicación de la resolución definitiva
                  hacia  finales  del  tercer  trimestre  de  2025,  diversos  factores  tanto  regulatorios  como
                  procedimentales y de participación sectorial pudieron llevar a que la CREG finalmente no
                  expidiera la metodología durante el año. Lo anterior se explica, en parte, porque, tal
                  como se evidencia en el proyecto de resolución en comentarios, la propuesta presenta
                  aspectos y debilidades sustanciales que requieren ser subsanados antes de su adopción
                  definitiva.

                  Entre  estos  factores  se  destacan,  en  primer  lugar,  los  distintos  pronunciamientos  de
                  empresas comercializadoras, gremios del sector y el Comité Asesor de Comercialización
                  (CAC). Las empresas manifestaron preocupaciones técnicas frente al modelo de frontera
                  estocástica, la representatividad del costo base, el reconocimiento de cuentas esenciales
                  y la potencial insuficiencia financiera del esquema propuesto. Estas advertencias fueron
                  reiteradas en documentos oficiales y comunicaciones institucionales, donde se advertía
                  que la propuesta podía generar distorsiones competitivas al no reflejar adecuadamente
                  los costos reales de la actividad.

                  En  segundo  lugar,  el  proceso  se  vio  afectado  por  distintas  solicitudes  de  recusación
                  dirigidas a comisionados expertos, las cuales debían resolverse antes de continuar con
                  la actuación regulatoria. Esto generó periodos de suspensión y ralentización, afectando
                  el cronograma inicialmente previsto por la Comisión.

                  Un  elemento  determinante  en  el  desarrollo  del  año  fue  la  intervención  de  la
                  Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que emitió su concepto de abogacía de
                  la competencia respecto al Proyecto CREG 701 038 de 2024. En este concepto, la SIC
                  ratificó varias de las preocupaciones planteadas previamente por distintos actores del
                  sector como Energía de Pereira a la que citó, señalando que la metodología propuesta
                  podía:
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